Jake Kheel, bloguero invitado, Co-director y Productor de Muerte Por Mil Cortes
El pasado mes de julio tuve la oportunidad de presentar en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, algunos de los hallazgos de nuestro documental “Muerte Por Mil Cortes, respecto a la aceleración de la deforestación y la producción de carbón vegetal ilegal en el sur de la República Dominicana. La presentación provocó la indignación de la sociedad dominicana, resultando en que la deforestación lograra un verdadero protagonismo en los medios nacionales durante todo un mes. La charla también incito la respuesta inmediata y directa de numerosos funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, en su mayoría negando que hubiese un problema de deforestación generalizada en el país o que la producción autorizada de carbón vegetal representara una amenaza real.
Pese al rechazo de nuestros hallazgos, la presión pública contribuyó a que el Presidente Danilo Medina realizara importantes cambios dentro del Ministerio de Medio Ambiente y recalcara la existencia de problemas ambientales en sus discursos públicos. Incluso, uno de los temas centrales de su discurso de juramentación fue la protección de los recursos de agua del país. Como parte de los cambios de su gabinete, el Presidente Medina colocó a la cabeza del Ministro de Medio Ambiente a Francisco Domínguez Brito, ex Procurador General de la República. En dos visitas “visitas sorpresas” consecutivas a las comunidades rurales, Medina manifestó la importancia de frenar la deforestación y amenazó con penas de cárcel a quienes talaran bosques ilegalmente. En un mes, el tono del gobierno pasó de negación a reconocimiento del problema que representa la desforestación y la necesidad de realizar mejoras en el sistema.

El Ministro Domínguez Brito ha demostrado la clara intención de emprender un cambio creíble. Una semana tras que asumiera el cargo, tuve la oportunidad de presentarle “Muerte Por Mil Cortes” y debatimos posibles soluciones. Domínguez Brito se ha tomado el tiempo de buscar y escuchar las opiniones de grupos ambientales, organizaciones sin fines de lucro y miembros de la sociedad civil en relación a los distintos retos ambientales que enfrenta el país. En más de una ocasión, el Ministro ha viajado hasta Valle Nuevo en compañía de actores interesados locales, científicos y defensores del medio ambiente. Incluso, hace muy poco anunció importantes cambios en la política de uso del suelo del parque nacional Valle Nuevo, a fines de erradicar las invasiones agrícolas a gran escala y otros problemas del parque. En sólo unos meses, el Ministro ha incluido en su toma de decisiones voces de distintos actores, generado una sensación de cauto optimismo, fruto de sus iniciativas.
Sin embargo, a pesar de los prometedores pasos del Ministro, aún falta mucho por cambiar. Si bien la comunidad ambiental aplaude, con razón, las iniciativas del nuevo Ministro, también resulta evidente que son muy pocos, por no decir ninguno, los cambios estructurales y sistemáticos que ha habido dentro del Ministerio de Medio Ambiente.
Por ejemplo, pese a la escasez evidente de recursos disponibles, cada vez son más los retos anuales que debe afrontar el ministerio y menor la dotación económica de que dispone. Desde hace varios años, el presupuesto operativo anual del Ministerio de Medio Ambiente tiende a reducirse. En el 2015, el presupuesto del Ministerio era de 5.9 millones de pesos y en el 2016 se redujo a 5.6 millones de pesos. No sólo hay una marcada debilidad para monitorizar, controlar y resguardar las zonas protegidas de país, sus cuencas hidrográficas principales y llevar a término los objetivos más básicos de la Ley Medioambiental No. 64-00, sino que además el Ministerio se ve obligado a afrontar todos estos retos con recursos cada vez más limitados.

Basta una breve visita a las zonas protegidas del país para apreciar la alarmante falta de empleados, vehículos, materiales básicos o infraestructura adecuada que serían razonables y necesarios para proteger esas áreas. Las amenazas son múltiples: agricultores poderosos, carboneros, cazadores furtivos, minería e intereses de desarrollo, además del asentamiento de nuevas comunidades dentro de los límites del parque. A pesar de las diversas organizaciones locales e internacionales, hasta que las áreas protegidas del país no sean una prioridad real para el gobierno dominicano, con un presupuesto que respalde su gestión, estas zonas seguirán languideciendo. En noviembre salen los planes presupuestarios del 2017 ofreciéndonos la oportunidad de comparar el nuevo interés gubernamental en la protección ambiental, con los recursos necesarios para lograrlo.
Por otra parte, muchos de los funcionarios —entre ellos, prácticamente todos los Viceministros de Medio Ambiente- continúan ocupando el mismo cargo. Eso, a pesar de que son las mismas autoridades que han permitido el deterioro consistente de las condiciones ambientales durante la última década.
Como ejemplo, la devastación de los parques nacionales en los últimos años es uno de los casos más horrorosos. En un estudio de la Universidad de Maryland titulado “High-Resolution Global Maps of 21st Century Forest Cover Change”, los investigadores documentan la pérdida de 317 kilómetros cuadrados de bosque autóctono de las zonas protegidas del país. En concreto, la Sierra de Bahoruco, donde se filmó Muerte Por Mil Cortes, perdió 58 kilómetros de bosque. Valle Nuevo por su parte, perdió 21 kilómetros cuadrados de bosque autóctono y el Parque Nacional de José del Carmen Ramírez perdió 89 kilómetros cuadrados de bosque, equivalente al 12% de la superficie total del parque. Para salvaguardar las áreas protegidas, es necesario que haya una gestión más eficiente, mayor disponibilidad de recursos y alternativas realistas para las poblaciones pobres que viven en estas zonas protegidas y sus alrededores. Pero lo más importante es exigir que los funcionarios asuman una mayor responsabilidad por el estado de los parques y rindan cuentas.
Al mismo tiempo, dado el profundo deterioro de las zonas protegidas dominicanas, el país ha recurrido a sus bosques para convertirse (según un artículo publicado en Energy Wire) en uno de los mayores exportadores de carbón vegetal a Estados Unidos, compitiendo con Canadá, Brasil y Argentina en el valor del carbón. El Ministerio ha permitido a pequeños grupos de productores explotar grandes superficies de bosque para producir carbón vegetal y exportarlo como carbón de barbacoa. La eficacia de la supervisión por parte de funcionarios forestales, a esos productores de carbón autorizado, es cuestionable. Hay poca garantía de que ese carbón no afecte negativamente al bosque autóctono, a las especies en peligro de extinción o a las zonas protegidas. Sin embargo, la supervisión de los bosques dominicanos y la vigencia de esos permisos continúan bajo la misma dirección.
Pese a la confianza que inspiraron las primeras iniciativas de Domínguez Brito, es necesario introducir cambios sistémicos en el Ministerio de Medio Ambiente para evitar que las repetidas infracciones históricas de las leyes ambientales se sigan cometiendo a futuro. En concreto, es necesario aumentar, en gran medida, el nivel de transparencia y responsabilidad de los funcionarios a cargo de aplicar la legislación ambiental del país.
Finalmente, el Ministerio debe institucionalizar la participación pública como principio básico del Ministerio de Medio Ambiente. Más allá de las audiencias públicas que forman parte del proceso para aplicar para nuevos permisos ambientales, se deben ampliar los mecanismos de participación pública para incluir reuniones periódicas entre los actores interesados y debatir temas relacionados a las zonas protegidas, la creación de un mecanismo funcional para documentar denuncias ambientales y oportunidades de exponer observaciones públicas sobre nombramientos dentro del ministerio. El nuevo Ministro ha abierto la puerta a una mayor participación y transparencia, pero para que los cambios perduren, no debe depender tan sólo de una persona.
When Change Really Begins
Guest blogger Jake Kheel, Co-Director and Producer of Death by a Thousand Cuts
In July 2016, I had the opportunity to present the findings from our film, “Death by a Thousand Cuts,” about accelerating deforestation and the illegal production of charcoal in the southern Dominican Republic, at the American Chamber of Commerce luncheon. The talk generated widespread indignation and initiated a month of steady media attention on the issue. My talk also elicited an immediate and direct response from numerous officials of the Ministry of Environment, in most cases denying that widespread deforestation is occurring or that the authorized production of charcoal represents a real threat.
Despite its denials, public pressure contributed to President Danilo Medina making a significant change in the Ministry of Environment. President Medina replaced the acting Minister of Environment with Francisco Dominguez Brito, the former Attorney General. Medina made the protection of the country’s water resources a central theme of his inaugural speech. On two consecutive surprise visits to rural communities, Medina spoke of the importance of stopping deforestation and threatened to imprison anyone caught cutting down trees. Within a month, the government’s tone changed from outright denial to recognizing the need for improved environmental management.

Dominguez Brito has acted quickly to pursue credible change. In his first week on the job, we screen “Death by a Thousand Cuts” together. The Minister has actively sought the opinions of environmental groups and members of civil society. He has conducted site visits to Valle Nuevo with local stakeholders, scientists and advocates and most recently declared major changes in land-use policy in the Valle Nuevo National Park to eliminate large-scale agricultural invasions. In only a few months, the Minister has actively sought to include different stakeholders in his decision-making and has generated a feeling of careful optimism towards his efforts.
However, many important considerations have stayed exactly the same. While the environmental community rightfully applauds the efforts of the new Minister, it is also clear that few, if any, structural and systematic changes have taken place within the Ministry of Environment. While the leadership and face of the Ministry has changed, to date, little else has.
For example, despite clear deficiencies in available resources, the Ministry relies on diminishing resources each year. Beginning several years ago, there has been an annual trend towards reductions in the Ministry’s annual operating budget. In 2015, the Ministry had an annual budget of 5.9 million pesos. In 2016 that was reduced to 5.6 million pesos, notwithstanding existing weaknesses in the Ministry’s current capability to monitor, control, and protect its protected areas, its primary watersheds, and to implement the most basic objectives of Environmental Law 64-00.

In even the briefest of visits to any of the protected areas in the country, it is alarmingly clear that few of the parks have sufficient personal, vehicles, basic materials, or infrastructure. The parks face a myriad of threats: powerful agriculturists, charcoal-producers, poachers, mining and development interests and the establishment of new communities within the park boundaries. Despite the efforts of environmental groups, until the nations’ protected areas become a priority for the Dominican government, including sufficient budget to manage them, they will continue to languish. It will be interesting to see if the Ministry budget for 2017, set to be released in November, reflects the governments’ newfound interest in environmental protection.
Similarly, many of the same officials—including near all of the Vice-Ministers —occupy the same positions. They have maintained their positions despite clear evidence that many of the worst environmental violations in the last few years occurred under their direct supervision.

The devastation of the national parks in recent years is one of the most obvious cases of mismanagement. In a University of Maryland study entitled “High-Resolution Global Maps of 21st Century Forest Cover Change,” researchers documented losses of 317 square kilometers (122 square miles) of native forest from the country’s protected areas. In particular, the Sierra de Bahoruco lost 58 kilometers (22 square miles) of forest, Valle Nuevo lost 21 square kilometers (8 square miles) of native forest and José del Carmen Ramirez National Park lost 89 square kilometers of forest (34 square miles), equivalent to 12% of the total park area. If the protected areas are to be truly protected, they will need more effective management, increased resources, and realistic alternatives for many of the poor living in and around the protected areas. Most importantly, there needs to be greater accountability for the officials in charge of the protected areas.
While most of the protected areas have been negatively impacted, the country has utilized its forests to become (according to Energy Wire) one of the largest exporters of wood charcoal to the United States, competing with Canada, Brazil and Argentina. Small groups of producers have been permitted by the Ministry to harvest large areas of forest for export as barbeque charcoal. Forestry oversight, meant to insure that native forest, endangered species, and protected areas are not impacted from authorized charcoal production, is questionable. Yet no changes have been made to stop this practice or to insure accountability.
In spite of the confidence inspired by the early efforts of Dominguez Brito, there still needs to be comprehensive changes throughout the Ministry of Environment to insure repeated environmental violations are not perpetrated in the future. Specifically, there needs to be a significant increase in transparency and accountability on the part of the officials in charge of enforcing the nations environmental laws.
Similarly, the Ministry needs to institutionalize public participation as a basic principle of the Ministry of Environment, moving beyond legally required public hearings for new environmental permits to more expansive mechanisms. These should include regular stakeholder meetings around protected areas, the creation of a functioning formal mechanism to document environmental denouncements and opportunities for public comment on appointments within the Ministry. The new Minister has opened the door to greater participation and transparency, but this welcome change should not be dependent on one individual alone.
Death by a Thousand Cuts calls attention to a drama that is quietly playing out along the border. However, many of the issues impacting the Sierra de Bahoruco are also impacting forests throughout the country. Until the country’s natural resources are prioritized, both with financial resources and structural changes within the Ministry of Environment itself, the underlying issues causing environmental degradation will make the recent optimism of lasting change short-lived.
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